Presentación del proyecto

Las sociedades modernas están marcadas por múltiples factores de diversidad,  incluyendo en el ámbito cultural y religioso. En este sentido, los flujos migratorios pueden considerarse como uno de los fenómenos que generan mayores tensiones en el tejido social, traspasando el ámbito de la extranjería (en la medida en que los inmigrantes pasan a ser nacionales) y obligando a una intervención jurídico-política integral desde una dimensión intercultural. Al mismo tiempo, la multiplicidad de instituciones claves a la hora de afrontar la diversidad exige acotar el ámbito de estudio y buscar pautas generales que permitan enfrentarse de forma duradera a los conflictos culturales y religiosos, asegurar una integración social bidireccional y fortalecer el Estado democrático de Derecho. Desde una perspectiva multidisciplinar y partiendo de su experiencia previa, el proyecto MULTIHURI se focaliza en cuatro estados europeos (España, Francia, Italia y Reino Unido) y propone compararlos con el modelo a priori diferente, al menos en su trayectoria, de Canadá.

 

Ante los retos que plantea la gestión de la diversidad, suelen ofrecerse soluciones reduccionistas, basadas especialmente en el “miedo al otro”, que en lugar de fomentar la cohesión de la sociedad contribuyen a su fragmentación. Especialmente en tiempos de crisis (no solo económica, sino también de valores compartidos), cuando determinados sujetos se sienten amenazados o discriminados, surgen conflictos que dificultan la vida en común. Dichas tensiones se traducen, en más ocasiones de las deseables, en un repliegue identitario o un frenesí securitario, que acoge desde manifestaciones culturales o religiosas hasta prácticas incompatibles con los derechos humanos y fundamentales y han de ser acometidas desde el ámbito normativo y jurisprudencial, pero también desde políticas públicas de carácter preventivo. Sin embargo, en el contexto europeo las denominadas políticas de integración de (o con) los inmigrantes no han producido los resultados esperados ni han fomentado un clima de respeto y garantía de los derechos humanos. Más bien al contrario, los cada día más acuciantes desafíos identitarios vinculados a la diversidad y su relación con el orden público, los principios fundamentales de los Estados modernos (como la igualdad, el pluralismo o la laicidad) o sentimientos latentes como el de reivindicación nacional evidencian la dificultad de encontrar valores comunes en un mundo fragmentado. Se hace por tanto imprescindible, como ya ha puesto de relieve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su jurisprudencia, construir un modelo de convivencia en sociedades multiculturales, diversas y especialmente marcadas por el impacto de los flujos migratorios, que atienda, como guía de articulación normativa y de políticas públicas, al estricto respecto a los derechos humanos desde sus estándares internacionales como base del Estado democrático de Derecho.

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